Por Juan Pablo Ojeda
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó su primera audiencia pública sobre el derecho a la consulta de las personas con discapacidad, en un debate que ha generado opiniones divididas entre ministros, activistas y organizaciones civiles.
Durante la sesión, la ministra Lenia Batres presentó un proyecto para modificar el criterio vigente que establecía que la falta de consulta previa a personas con discapacidad invalidaba leyes o porciones de ellas. Batres explicó que el pleno decidió el 7 de octubre abandonar la obligatoriedad de declarar nula una ley cuando no se hubiera realizado la consulta específica, lo que generó rechazo entre los asistentes.
Reclamos de activistas y personas con discapacidad
Personas con discapacidad que acudieron a la SCJN se manifestaron en contra del proyecto, defendiendo que la consulta debe ser un derecho ineludible y no una opción. “La consulta es un derecho, no una opción”, enfatizó Saori Pérez Milo, activista autista.
Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel señaló que la audiencia buscaba precisamente escuchar a las personas con discapacidad. El ministro Giovanni Figueroa agregó que la propuesta de Batres “es una cuestión que todavía está sometida a debate”.
Los activistas alertaron que la modificación podría poner en riesgo la autonomía de las personas con discapacidad y volver a un enfoque paternalista, donde terceros decidan por ellos. Catalina Torres, del Centro Educativo para Niños Sordos, afirmó: “Podemos volver a caer en la idea de que las personas con discapacidad están enfermas y que son otros los que tienen que tomar las decisiones”.
Además, se señaló que hacer que las organizaciones o personas con discapacidad soliciten las consultas les adjudica responsabilidades que podrían interferir con sus actividades personales y laborales. Los defensores de los derechos de este sector enfatizan que la participación activa y obligatoria en la legislación es fundamental para garantizar sus derechos y autonomía.
La discusión en la SCJN continúa abierta, mientras activistas y organizaciones seguirán vigilando que cualquier modificación respete la consultación efectiva y obligatoria de las personas con discapacidad en México.