Chofer de Guadalupe Taddei aparece como apoderado de proveedor del INE

El conductor de Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), aparece como apoderado legal de Corporativo Zeg, una empresa proveedora de materiales electorales investigada por presuntas irregularidades en sus contratos, de acuerdo con una investigación publicada por el diario Reforma.

Se trata de Jonathan Navarrete Torres, quien recibió un poder general para pleitos y cobranzas de la compañía en junio de 2023, casi dos años antes de incorporarse al equipo de Taddei como conductor, en abril de 2025.

La información abre interrogantes sobre los vínculos entre personas relacionadas con la dirección del organismo electoral y empresas que han obtenido contratos en el sector. Sin embargo, la existencia de una representación legal, por sí sola, no demuestra que Navarrete haya intervenido en la asignación de contratos ni que haya cometido alguna irregularidad.

¿Qué relación tiene el chofer de Taddei con Corporativo Zeg?

De acuerdo con los registros del Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía citados por Reforma, el 28 de junio de 2023, mediante el acta 64225000P0, Rodolfo Higareda Coen, representante de Corporativo Zeg, otorgó a Navarrete Torres un poder general para pleitos y cobranzas.

Esta facultad permite representar legalmente a una empresa en determinados procedimientos y ejercer acciones ante autoridades federales, estatales y municipales, así como en instancias judiciales, civiles y administrativas.

Otro dato señalado por el diario es que, en su declaración patrimonial del 30 de junio de 2026, Navarrete no habría reportado su relación como apoderado de la compañía. En ese documento, según la investigación, únicamente mencionó su empleo anterior como conductor de Mercedes-Benz.

Los registros citados ubican su incorporación como chofer de la consejera presidenta del INE el 15 de abril de 2025. Por ese trabajo, declaró percibir un sueldo mensual de 45 mil 765 pesos.

Corporativo Zeg y Cajas Graf, bajo señalamientos por presuntas irregularidades

La investigación también aborda los antecedentes de Corporativo Zeg y Cajas Graf, empresas vinculadas, según el reportaje, con los hermanos Alfredo y Raymundo Hernández y con el mercado de materiales electorales.

Entre los antecedentes mencionados figuran investigaciones y actuaciones de distintas autoridades:

• Unidad de Inteligencia Financiera (UIF): habría investigado a Corporativo Zeg por presuntos vínculos con el crimen organizado; además, el reportaje refiere el congelamiento de cuentas de la empresa y de Cajas Graf.
• Auditoría Superior de la Federación (ASF): habría indagado a ambas compañías por presuntas irregularidades.
• Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece): abrió en mayo de 2024 un expediente por posibles prácticas monopólicas, de acuerdo con la información citada.

Asimismo, ambas compañías aparecieron en el Registro Único de Proveedores del INE el 1 de junio de 2023, según el reportaje.

Estas actuaciones deben distinguirse de una resolución definitiva: una investigación o la apertura de un expediente no acredita, por sí misma, que una empresa haya cometido una infracción.

Otros funcionarios del INE señalados en la investigación

El reportaje de Reforma también menciona a Jesús Octavio García González, quien habría sido representante legal de Corporativo Zeg en 2023 y posteriormente se desempeñó como director de Administración del INE, cargo que ocupó hasta abril de 2026.

La publicación también documenta contratos adjudicados a estas compañías por autoridades electorales estatales antes de que algunas personas relacionadas con esas decisiones ocuparan cargos en el instituto nacional.

En Oaxaca, Iliana Araceli Hernández Gómez, entonces secretaria ejecutiva del instituto electoral local, otorgó a Corporativo Zeg un contrato por 32 millones de pesos. Posteriormente, Guadalupe Taddei la nombró titular de la Unidad de Género del INE.

En Chihuahua, Claudia Arlett Espino, quien presidía el instituto electoral estatal, asignó en 2021 un contrato por 33.9 millones de pesos a Cajas Graf. En 2024, Espino llegó a la Secretaría Ejecutiva del INE con el respaldo de Taddei, según la información publicada.

La existencia de estos contratos y nombramientos permite identificar relaciones que requieren contextualización, pero no acredita automáticamente que las adjudicaciones fueran ilegales ni que los nombramientos obedecieran a un intercambio de favores.

La camioneta BMW blindada utilizada por Guadalupe Taddei

Otro episodio abordado por Reforma corresponde al uso de una camioneta BMW blindada por parte de Guadalupe Taddei entre finales de 2025 y abril de 2026. De acuerdo con el diario, el vehículo no formaba parte de la flota oficial del organismo electoral.

La consejera presidenta explicó que la Chevrolet Captiva que tenía asignada había sufrido una avería y que la BMW era prestada. Sin embargo, según la publicación, no aclaró si el préstamo tenía alguna relación con Corporativo Zeg o con personas vinculadas a la compañía.

Este punto forma parte de los cuestionamientos documentados por el medio, pero la información proporcionada no permite establecer quién era el propietario del vehículo ni confirmar que existiera un vínculo entre el préstamo y la empresa proveedora.

¿Qué falta por aclarar sobre el caso?

Los datos publicados por Reforma ponen el foco en tres asuntos: la representación legal de Navarrete Torres, su declaración patrimonial y los antecedentes contractuales de las empresas mencionadas.

Para determinar si existió alguna irregularidad, sería necesario conocer la naturaleza y vigencia del poder otorgado a Navarrete, las obligaciones de declaración aplicables a su caso, las resoluciones de las autoridades que investigaron a las empresas y cualquier evidencia de intervención en procedimientos de contratación pública.

Hasta que se documenten esos elementos, los vínculos descritos deben tratarse como hechos reportados por el medio, mientras que las posibles responsabilidades administrativas o penales requieren acreditación por las autoridades competentes.