Proponen avisos anticipados sobre obras que afecten vialidades

 

Por Bruno Cortés

 

El diputado Jesús Martín Cuanalo Araujo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), impulsa una iniciativa para obligar a las autoridades y concesionarios a informar anticipadamente a la ciudadanía sobre las obras de construcción, reconstrucción, conservación y mantenimiento que afecten la circulación en caminos y puentes federales, así como instalar señalamientos de seguridad y publicar rutas alternas.

La propuesta plantea reformar el artículo 23 y adicionar los artículos 23 Bis, 23 Ter, 32 Bis y 74 Ter a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, además de modificar el artículo 12 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

El objetivo es establecer obligaciones claras para que las personas usuarias conozcan con anticipación las afectaciones viales, puedan planear sus desplazamientos y cuenten con información suficiente para evitar contratiempos y circular de manera segura.

De acuerdo con la iniciativa, los avisos deberán incluir el tramo afectado, el tipo de obra, la autoridad o concesionario responsable, las fechas y horarios estimados de inicio y conclusión, los carriles o sentidos afectados, la velocidad máxima temporal, las rutas alternas, los medios de contacto y un folio para dar seguimiento a las actualizaciones.

La información deberá difundirse mediante portales electrónicos oficiales, un repositorio de datos abiertos administrado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), señalización preventiva en las zonas de trabajo y canales institucionales de comunicación social y atención a las personas usuarias.

La iniciativa establece distintos plazos para informar sobre las obras, de acuerdo con el impacto que tendrán en la circulación. Para cierres totales, cierres superiores a ocho horas continuas, desvíos obligatorios o afectaciones de alto impacto, el aviso deberá realizarse con al menos 15 días naturales de anticipación.

En los casos de cierres parciales, reducción de carriles, mantenimiento ordinario o trabajos programados de impacto medio, se propone un plazo mínimo de 72 horas. Para trabajos urgentes, casos fortuitos o situaciones de fuerza mayor, el señalamiento y los dispositivos de seguridad deberán instalarse de inmediato, mientras que el aviso público se emitirá tan pronto como sea materialmente posible y se actualizará de manera continua.

También se plantea que las autoridades y concesionarios mantengan durante toda la ejecución de las obras los señalamientos temporales, dispositivos de protección, iluminación, canalización e información necesaria para los conductores, conforme a las normas oficiales mexicanas aplicables y al Manual de señalización y dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras.

Otro punto de la propuesta establece que ninguna obra programada podrá comenzar sin un plan de control de tránsito y los señalamientos correspondientes. Cuando sea necesario, deberán habilitarse rutas alternas o esquemas de circulación provisional que ofrezcan condiciones razonables de seguridad para las personas usuarias.

Asimismo, se busca que las autoridades de los tres órdenes de gobierno publiquen y mantengan actualizada información homologada sobre las obras que afecten la movilidad. Los datos deberán incluir ubicación, duración estimada, restricciones de circulación, rutas alternas e incidencias, en formatos interoperables y de acceso abierto para facilitar su consulta e incorporación a los sistemas de información sobre movilidad y seguridad vial.

Jesús Martín Cuanalo Araujo señaló que la iniciativa pretende cubrir las deficiencias existentes en los marcos jurídicos respecto a la obligación de comunicar anticipadamente las afectaciones y coordinar la difusión de información durante los trabajos. Indicó que actualmente la Guardia Nacional emite alertas digitales para carreteras, mientras que Caminos y Puentes Federales (Capufe) informa sobre las condiciones de las vías, accidentes y acontecimientos que pueden retrasar los traslados o poner en riesgo a los usuarios mediante canales como el número 074. La propuesta fue turnada a las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Movilidad para su dictamen.