Gobierno federal impulsa nueva Ley de Aguas: adiós al mercado de concesiones
El agua, recurso cada vez más escaso en varias regiones del país, será objeto de un nuevo marco jurídico. El gobierno federal envió al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, con las que se busca terminar con la mercantilización de las concesiones instaurada en 1992 y garantizar el acceso equitativo y sustentable a este bien común.
Carlos Lara Moreno
El agua, recurso cada vez más escaso en varias regiones del país, será objeto de un nuevo marco jurídico. El gobierno federal envió al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, con las que se busca terminar con la mercantilización de las concesiones instaurada en 1992 y garantizar el acceso equitativo y sustentable a este bien común.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la propuesta pone fin a una práctica que convirtió las concesiones en títulos de compraventa entre particulares.
“Esa legislación generó descontrol y ausencia de supervisión. Con esta iniciativa devolvemos el agua a la Nación. No más transmisión de concesiones ni mercado negro. El agua se manejará de forma ordenada, transparente y con criterios técnicos”, enfatizó.
El agua como derecho humano
La consejera jurídica del Ejecutivo, Ernestina Godoy Ramos, recalcó que la reforma responde a la visión humanista y social de la actual administración.
“El agua no es un privilegio, es un derecho humano. Privatizarla es robarle a los pueblos su futuro. Esta ley garantiza el acceso equitativo, la gestión comunitaria y la protección de los ciclos naturales, en armonía con estándares internacionales”, sostuvo.
Godoy agregó que el proyecto contempla la Estrategia Nacional Hídrica como instrumento de planeación de largo plazo, la regulación de la captación pluvial y el fortalecimiento de los sistemas comunitarios de agua y saneamiento, que serán reconocidos como parte fundamental del derecho humano al agua.
Conagua: certeza jurídica y combate a la corrupción
Desde una perspectiva técnica, el director general de la Conagua, Efraín Morales López, explicó que la reforma plantea un cambio estructural en el régimen de concesiones.
“El Estado será el único regulador del uso del agua. Se elimina la transmisión parcial entre privados, se prohíben los cambios de uso sin nuevo procedimiento y todas las prórrogas serán revisadas bajo criterios fiscales, técnicos y ambientales”, puntualizó.
Morales detalló que se creará un Registro Nacional del Agua, que permitirá dar seguimiento a cada título con trazabilidad y transparencia, eliminando duplicidades y vacíos de información. Además, la propuesta contempla:
Procesos abreviados para sucesiones y transmisiones de propiedad con concesiones, garantizando seguridad jurídica.
Sanciones más severas contra el uso indebido del recurso, incluyendo penas de prisión y aplicación de la extinción de dominio en casos de robo de agua.
La conformación de un Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, en el que se concentrarán los volúmenes recuperados de concesiones extinguidas, para su redistribución ordenada.
“Hoy las sanciones son tan bajas que no inhiben conductas ilegales. Con este cambio buscamos frenar la corrupción, el robo y el acaparamiento de agua”, advirtió el titular de Conagua.
Una reforma consensuada
Las autoridades recordaron que la iniciativa es producto de un proceso de consulta realizado entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, en los 13 distritos hidrológicos del país. En los foros participaron comunidades indígenas y afrodescendientes, gobiernos estatales y municipales, industriales, usuarios agrícolas, expertos académicos y organizaciones civiles.
“Es un proyecto construido de abajo hacia arriba, con las voces de quienes más padecen la falta de agua. La meta es que nunca más el interés privado esté por encima del derecho humano al agua”, subrayó Sheinbaum.
