Refugios en riesgo y presupuesto bajo la lupa
El debate por el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 arrancó con un choque frontal en la Cámara de Diputados: mientras las diputadas de Movimiento Ciudadano alzaron la voz por la amenaza de desaparición de los refugios para mujeres víctimas de violencia, el PRI presentó su propia propuesta de paquete económico alterno para replantear prioridades.
Por Bruno Cortés
El debate por el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 arrancó con un choque frontal en la Cámara de Diputados: mientras las diputadas de Movimiento Ciudadano alzaron la voz por la amenaza de desaparición de los refugios para mujeres víctimas de violencia, el PRI presentó su propia propuesta de paquete económico alterno para replantear prioridades.
La diputada Anayeli Muñoz Moreno advirtió que el gobierno federal quiere fusionar el Programa de Apoyo a Refugios con el de Prevención y Atención de Violencias Feminicidas, etiquetando 800 millones de pesos sin decir con claridad cuánto corresponde realmente a los refugios. En palabras sencillas: el dinero queda en una bolsa general y no hay certeza de que llegue a donde se necesita. Para organizaciones como la Red Nacional de Refugios, esto no es un tecnicismo: es abrir la puerta al debilitamiento de un sistema que ha salvado la vida de miles de mujeres, niñas y niños en todo el país.
El enojo de las diputadas radica en que, si bien el gobierno presume aumento de recursos, la fusión significa invisibilizar un programa especializado y ponerlo en el mismo saco de otros rubros, perdiendo identidad y certeza. La política pública pasa de tener reglas claras a depender de la discrecionalidad. Dicho en corto: un refugio no es un curso ni un taller, es un salvavidas, y sin presupuesto seguro puede hundirse.
En paralelo, el PRI, con Rubén Moreira como vocero, presentó un presupuesto “alterno” que busca frenar nuevos impuestos y frenar lo que llaman “la obsesión recaudatoria” de Morena. Según Moreira, el PPEF 2026 del Ejecutivo es opaco, endeuda al país hasta una cifra récord de 20.2 billones de pesos y compromete a futuras generaciones. Su propuesta plantea mover recursos desde áreas como el Poder Judicial, Sedena, Energía y los megaproyectos, hacia programas de apoyo al campo, salud, educación, seguridad y programas sociales cancelados como las estancias infantiles o las escuelas de tiempo completo.
En la narrativa priista, no se trata solo de números, sino de mandar mensajes políticos: que las colegiaturas, los medicamentos y servicios básicos como internet o telefonía sean deducibles de impuestos; que se proteja el ahorro y hasta que las tarifas eléctricas se homologuen a la más baja en todo el país. Su bandera es clara: no más impuestos, no más recortes y no más despilfarro.
La disputa refleja dos dimensiones distintas de lo que significa un presupuesto. Por un lado, el reclamo de MC muestra que detrás de cada partida etiquetada hay vidas concretas en riesgo. Por el otro, el PRI intenta mostrar que el dinero público también define el rumbo económico, la carga fiscal y hasta la confianza ciudadana en el gobierno.
El PPEF no es solo un documento lleno de cifras; es un mapa de prioridades. Y lo que se debate en San Lázaro es si esas prioridades deben centrarse en mantener a flote programas sociales masivos, en blindar derechos humanos como los refugios, o en rediseñar el modelo económico con ajustes fiscales que eviten nuevos impuestos. La pregunta que queda en el aire es simple pero brutal: ¿a quién y a qué se le quiere dar futuro con este presupuesto?
